El secretario Horacio Pietragalla Corti inauguró hoy una Mesa de Trabajo que será coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Su objetivo será generar un espacio participativo donde reunir aportes sobre los aspectos centrales que deben atenderse para redactar un proyecto de ley acorde al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sucesivos encuentros se analizarán los aspectos sustanciales de la adecuación normativa requerida por la Corte IDH, los proyectos de ley existentes en el Congreso Nacional sobre el tema, la jurisprudencia nacional y los estándares internacionales en la materia.

De la reunión también participaron la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla; la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Gaillard; el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, Oscar Parrilli; el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños del Ministerio público, Pablo Parenti; la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham; representantes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Cancillería; de UNICEF Argentina; de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Defensoría General de la Nación, así como Margarita Nicoliche, representante de Leonardo Fornerón.

La sentencia de la Corte IDH en el Caso "Fornerón e Hija vs. Argentina" es emblemática. Se refiere a la guarda judicial y posterior adopción de Milagros, sin contar con el consentimiento de su padre biológico, Leonardo Fornerón, así como a la falta de establecimiento de un régimen de visitas y a la ausencia de una investigación penal efectiva sobre la supuesta “venta” de la niña al matrimonio de guarda. Por todo ello, Fornerón presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue luego elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana dictó sentencia el 27 de abril de 2012, considerando al Estado argentino responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la protección a la familia establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija, y estableció una serie de medidas reparatorias.