La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes —que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial—, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta.

Las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos.

Después de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos se mantuvo en comunicación con las autoridades provinciales y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de los heridos y los detenidos. El gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial.