En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra cada 4 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación reafirmó su compromiso para instalar el tema en la agenda pública y sensibilizar a la población acerca de la importancia de la prevención y el control de esta problemática.

En ese sentido, la cartera sanitaria nacional, a partir de la Resolución Conjunta 10/20 con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, amplió derechos al establecer que las personas con obesidad clase III están exceptuadas de asistir a sus lugares de trabajo, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541.

El sobrepeso y la obesidad, desde una perspectiva biológica, es un problema de salud multifactorial y es uno de los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles (ENT); que son las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud se estima que mueren alrededor de 4 millones de personas adultas al año en el mundo como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Una gran parte de la carga de Enfermedades no transmisibles (ENT) es atribuible al exceso de peso como es el caso de la diabetes (44%), las cardiopatías isquémicas (23%), y diversos tipos de cánceres (entre 7% y 41%).

En Argentina, según datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018), 7 de cada 10 personas se encuentran en esta condición y los grupos sociales de menores ingresos son los que se encuentran más afectados, ya que gran parte de su alimentación se basa en productos ultraprocesados de baja o nula calidad nutricional y con excesivo contenido de azúcares y sal. La 4ta ENFR también reveló que las generaciones más jóvenes consumen el doble y hasta el triple de productos de panadería y bebidas azucaradas.

Desde una perspectiva social, la obesidad es la segunda causa de discriminación percibida en nuestro país. Sin embargo, es la número 14 en ser denunciada (INADI 2013). El modelo hegemónico de belleza impone estereotipos que no coinciden con la realidad de los cuerpos de las personas y que llegan a tergiversar la mirada de “lo saludable”. Esto obliga a mirar realizar un abordaje de la situación, desde múltiples enfoques que contemplen las identidades, la salud y los derechos de las personas.

Para garantizar derechos, el Ministerio de Salud de la Nación, junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, firmaron la Resolución Conjunta 10/20 que otorga licencia laboral a las personas con obesidad (Clase III). Esta medida se tomó en el marco de la pandemia mundial de COVID-19, ya que, las personas que conviven con esta condición presentan mayor riesgo de peor evolución. Con esta resolución se establecieron las pautas de suspensión de asistencia a los lugares de trabajo para las personas con Obesidad Clase III y se dispusieron recaudos especiales a cumplir por los empleadores a fin de garantizar la salud de las personas con Obesidad Clase I y II.

Al respecto, la directora Nacional de Abordaje Integral de las ENT, Graciela Abriata, dijo que “la obesidad es un problema de salud que requiere una mirada integral y con perspectiva de género, para identificar desigualdades que operan desde el nivel individual hasta los sectores educativos y productivos de la sociedad. Por eso, junto a otros Ministerios Nacionales, estamos avanzando en etiquetado frontal de alimentos y sistema de perfil de nutrientes; ya que la implementación de este tipo de políticas públicas es la única forma de poder realizar intervenciones multisectoriales de alto impacto a nivel poblacional”.