El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Javier Zapata, resolvió aceptar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa en donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel en 2017, durante una represión del Grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina.
Además, el magistrado citó a ampliar la indagatoria a cinco de los prefectos que participaron de la represión el día de la muerte de Rafael Nahuel. Esta nueva citación se da tras el resultado de una nueva pericia balística que confirmó que la bala que mató al joven mapuche provino de miembros de la prefectura.

A partir de la resolución que la tiene por querellante, la Secretaría de Derechos Humanos está en condiciones de acceder al expediente judicial, solicitar medidas de prueba, controlar las pruebas realizadas y las pendientes de producción, y recurrir las decisiones que se tomen respecto al devenir de la investigación.

En los fundamentos de su decisión, el magistrado entiende que “resulta incuestionable la capacidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para intervenir en este expediente”. En ese sentido, el juez destacó que “del desarrollo efectuado por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación se advierte con facilidad que en autos se pretende intervenir en el legajo como organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de peticionar lo que a su criterio resulte necesario y conveniente para asegurar —con diligencia— la investigación y sanción de toda violación a los derechos humanos que podría eventualmente comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

El operativo que se desplegó el 25 de noviembre de 2017 estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la comunidad reclamaban por tierras en la zona. Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato.
Con la solicitud de ser querellante, la Secretaría de Derechos Humanos busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos y, asimismo, evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.