Durante el mes de diciembre, la Secretaría de Derechos Humanos realizó tres presentaciones como querellante en causas por delitos de lesa Humanidad. Dos de ellas en Entre Ríos y la última, en la provincia de Corrientes.

En Entre Ríos, una de las causas busca determinar la responsabilidad de la policía local por el secuestro y tortura de víctimas que pasaron por dependencias de esa fuerza; y la otra querella está relacionada con profundizar la investigación de los integrantes de la patota que actuaba en el Área Paraná, en especial sobre quien se hacía llamar "Ramiro", un hombre que dirigía las sesiones de tortura.

En esta última causa, la Secretaría de Derechos Humanos aportó el informe sobre integrantes del Batallón 601, realizado por el ex Programa Verdad y Justicia, hoy Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos.

En Corrientes, la Secretaría se presentó como querellante en la causa conocida como "Las Marías II", que busca determinar la responsabilidad empresarial por las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores de la empresa yerbatera.

Se trata del segundo tramo de investigación en el que se analiza la represión sufrida por trabajadores del establecimiento, muchos de ellos con marcada actividad gremial, quienes sufrieron hechos de secuestro y tormentos entre los años 1976 y 1977.

En julio de 2018 se realizó el primer juicio contra el militar retirado e interventor de la localidad de Gobernador Virasoro, y también empresario, Héctor Torres Queirel, quien fue absuelto por el secuestro de Marcelo Peralta, ex trabajador rural de Las Marías que todavía se encuentra desaparecido.

El impulso de esta causa es una prioridad para la Secretaría, debido a que las denuncias de la responsabilidad empresarial en estos hechos han sido reiteradas por años y, particularmente, teniendo en cuenta que el presidente del establecimiento Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, tiene en la actualidad 94 años.

La participación de la Secretaría como parte querellante en las diferentes causas está fundamentada no solo en la responsabilidad del Estado Nacional de cumplir con los compromisos internacionales en materia de memoria, verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos, sino también en la voluntad política de seguir profundizando el juzgamiento a los responsables del período más oscuro de nuestra historia reciente. Con ese espíritu, el 10 de diciembre se presentó el Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad. El Plan parte de un diagnóstico exhaustivo que identifica los obstáculos más importantes que atraviesan desde hace varios años estas causas penales judiciales; y brinda un conjunto de propuestas superadoras que deberían adoptar a las distintas autoridades públicas según sus diferentes competencias —incluyendo por supuesto al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y al propio Poder Ejecutivo— para acelerar y profundizar el proceso de justicia.

Conocé más sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en juiciosdelesahumanidad.ar.