Específicamente, la acción de inconstitucionalidad se presentó contra la Ley Provincial N° 9.253, que modifica los artículos 18 y 27 de la Ley Provincial Nº 8.284, eliminando el concurso público para el cargo de Procurador/a de las personas privadas de libertad, y reduciendo la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Comité. Según planteó la Secretaría en su escrito, estas modificaciones afectan la independencia del organismo y representan una clara desviación del fin legal de defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona privada de su libertad.

A su vez, el cambio legislativo que se cuestiona va en sentido contrario del acuerdo de solución amistosa celebrado por la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”, que dio origen a la creación de este Comité en 2011.

En el escrito presentado, la Secretaría advierte que “los arts. 3° y 6° de la Ley 9.253 no cumplen con los requisitos de ‘independencia funcional y personal’ así como con el requisito de ‘miembros expertos e idóneos’, y resultan un claro retroceso respecto a la conformación anterior del Mecanismo”.

En ese sentido, la Secretaría agregó que le asiste un interés legítimo en presentarse en la causa judicial para evitar que el Estado nacional sea –eventualmente- condenado internacionalmente y a su vez proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas.