El Sector Público Nacional (SPN) registró en septiembre un resultado primario deficitario de $167.182 millones. El pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, ascendió a $44.839 millones. De esta manera, el resultado financiero del SPN fue deficitario en $212.020 millones.

En el período bajo análisis, los ingresos totales del SPN ascendieron a $445.625 millones (+34,3% i.a.). Los ingresos tributarios crecieron 45,2% i.a., acumulando así cuatro meses consecutivos de aceleración. Cabe destacar que este crecimiento implicó una variación positiva en términos reales, hecho que no se observaba desde noviembre de 2019.

Dentro de los tributos con mayor impulso, resaltan los derechos de exportación (+$14.365,2 millones; +47,5%), el impuesto a las ganancias (+$12.670,9 millones; +47,4%) y bienes personales (+$8.628,9 millones; +1.862,5%). Por su parte, si bien el IVA (neto de reintegros) y el impuesto a los débitos y créditos aun registran variaciones interanuales por debajo de la inflación (+19,5% y +28,1%, respectivamente), ambos muestran una aceleración en los últimos dos meses.

Respecto a las rentas de la propiedad del SPN, éstas registraron una caída de 10,0% interanual explicado mayormente por una merma en las rentas de la ANSES a raíz de la suspensión del pago de cuotas de créditos otorgados con el objeto de morigerar los efectos de la crisis sanitaria y económica sobre las familias. A su vez, los recursos de capital mostraron una caída de 23,3% interanual por menores recursos disponibles de ANSES para el financiamiento del programa de Reparación Histórica (artículo 121 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467).

En cuanto a las erogaciones realizadas por el SPN, el gasto primario ascendió a $612.806 millones (crecimiento interanual de +71,6%). Esta dinámica se corresponde con el enorme esfuerzo fiscal transitorio en un contexto excepcional de pandemia, necesario para implementar las medidas para el cuidado de las familias, el empleo, la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales.

Las transferencias corrientes registraron un incremento interanual de $183.304 millones (+188,3% i.a.), de los cuales $151.312 millones fueron percibidos por el sector privado. Este incremento estuvo explicado significativamente por las erogaciones extraordinarias en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que ascienden a cerca de $71.500 millones. Por su parte, el incremento del monto destinado al Programa Alimentar y el apoyo a comedores escolares fue de casi $12.200 millones.

En materia de subsidios energéticos, el incremento cercano a $57.350 millones (+327,5% i.a.) respondió casi en su totalidad a la asistencia financiera a CAMMESA en el marco del congelamiento transitorio de tarifas eléctricas dispuesto por el Ejecutivo Nacional para amortiguar los efectos nocivos de la crisis sanitaria y económica sobre la economía de las familias. Tal como se remarcó en anteriores ocasiones, el incremento en septiembre se debió en buena medida a la regularización en los pagos a CAMMESA. Esto se evidencia al observar que el gasto en subsidios energéticos del tercer trimestre mantuvo la dinámica observada a la fecha (+94% i.a).

En cuanto a las prestaciones de la seguridad social, las erogaciones totalizaron $214.322 millones (+32,4% i.a.). En lo que refiere a Jubilaciones y Pensiones Contributivas (+33,8% i.a.) el incremento corresponde a lo establecido en los Decretos Nº 163/2020 y Nº495/2020. Por el lado de las Pensiones No Contributivas (+20,3% i.a.) las mismas registraron un menor incremento interanual producto de una base de comparación mayor: en agosto de 2019 se postergaron pagos que terminaron concretándose en el mes siguiente, generando un gasto extraordinario en dicho mes.

Respecto a las transferencias al sector público (+170% i.a.), aquellas con destino en las provincias registraron un incremento de $20.379,3 millones (+266,9% i.a.). Este impulso estuvo explicado por mayores Aportes del Tesoro Nacional por alrededor de $6.900 millones, convenios de asistencia financiera entre el Estado Nacional y provincias por $4.000 millones, asistencia vía el Programa SUMAR por $3.300 millones, vía financiamiento de cajas previsionales por $1.700 millones y la asistencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente por casi $1.400 millones.

Por último, el gasto de capital registró un crecimiento interanual de $6.298 millones (+22,5% i.a.). Los gastos en materia de agua potable y alcantarillado subieron $8.594,2 millones (+548,7% i.a.) respecto al mismo mes del año pasado, explicado por el incremento en la asistencia a la empresa AySA (+$8.160,2 millones) para la realización de obras de agua y alcantarillado. A este le siguió el gasto destinado a obras de energía que registró un incremento interanual de $1.779,3 millones (+118% i.a.).