Las palabras de apertura estuvieron a cargo del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien agradeció la participación de los y las panelistas, y a todas las personas que se conectaron para participar del encuentro. “Uno de los desafíos de este conversatorio es poder profundizar nuestro saber y abrir un debate acerca de la temática de inimputabilidad y salud mental, de la que mucho no se habla”, señaló.

El funcionario estuvo acompañado por el director de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría, Leonardo Gorbacz, quien sostuvo en el inicio de su intervención que “tenemos una materia pendiente con el tema de la inimputabilidad”. Asimismo, afirmó que “el tema de las personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal fue un tema que la ley de Salud Mental dejó pendiente de resolución”.

Seguidamente, los moderadores de la reunión, Fernanda Balatti y Adelqui Del Do, del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos, presentaron a los integrantes del panel integrado por destacados especialistas en el campo del derecho y la salud mental.

En primer lugar tomó la palabra Francisco Bariffi, coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante su alocución, Bariffi abordó los estándares de convencionalidad que el país debe cumplir dentro del sistema penal, y destacó “la necesidad de entender al sujeto procesal en el ámbito del derecho penal desde su situación de vulnerabilidad, para ajustar ciertas reglas del procedimiento relacionadas a sus particularidades”.

Por su parte, el abogado Roberto Carlés, ex integrante de la comisión para la reforma del Código Penal y actual secretario letrado de la Procuración General de la Nación, recordó que se había propuesto como una “solución transitoria” la introducción de la categoría de “inimputabilidad disminuida” por razones de salud mental y garantizar que las personas que cumplen medidas de seguridad sean escuchadas personalmente por los jueces, así como controlar periódicamente su situación. Cuestionó, de todos modos, la pertinencia de que “la ley penal se ocupe de hechos que no fueron producto de una voluntad” emergente de quien tiene la capacidad de autodeterminar su conducta.

A su turno, la abogada y psicóloga Sandra Merlo, quien se desempeñó en el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental y en la Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA), destacó el avance que representó Casa SIS, un dispositivo de salud mental del que fue coordinadora y que constituyó una experiencia pionera en la atención de personas con padecimientos mentales y en conflicto con la ley penal. En ese sentido, Merlo destacó la importancia de “no replicar las lógicas manicomiales” en los establecimientos que albergan a personas declaradas inimputables y a las que se imponen medidas de seguridad; y afirmó que con frecuencia existe una criminalización de quienes padecen discapacidades psicosociales basada en estereotipos. Asimismo, opinó que el problema exige “actuar intersectorialmente”.

Finalizando el encuentro, Gorbacz agradeció a los y las participantes y subrayó la importancia del conversatorio en cuanto a la necesidad de continuar impulsando un debate interdisciplinario y participativo, que permita visibilizar la problemática y alcanzar consensos para encarar reformas legislativas y de las prácticas en el ámbito judicial.