La subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SADC), dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, imputó a la empresa FINAER S.A. por presuntas prácticas abusivas porque no respetaría el diferimiento del pago de alquileres a octubre, tal como establece el decreto de Emergencia Pública (320/2020), y por otras maniobras que lesionan los derechos de los inquilinos al incumplir la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

En el marco de la emergencia sanitaria y de la disposición del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los inquilinos tienen derecho a aplazar los pagos de los cánones locatarios (alquileres) al mes de octubre, sin embargo la empresa FINAER S.A. abonaría los alquileres a los locadores en lugar de los inquilinos para luego subrogarse los derechos de los propietarios y realizarles reclamos por la totalidad de la deuda pagada, más intereses punitorios y gastos en concepto de “honorarios profesionales”.

Esta imputación se inició a partir de la denuncia formulada por la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos y la Asociación Inquilinos Agrupados quienes identificaron las maniobras que FINAER S.A realizaría en detrimento de los derechos de los inquilinos, a quienes coloca en una posición de vulnerabilidad agravada. Según esa denuncia se los sometería a un trato indigno o vejatorio, -art. 8 bis y 19 de la Ley Nº 24240- y se verían quebrantados los derechos sociales y económicos que establecen las normas dictadas durante la emergencia.

Asimismo, tras ingresar en el sitio web de la empresa (finaersa.com.ar) se advierte que no se encuentran publicados los ejemplares de contrato a suscribir por las y los consumidores por lo que no brindaría información cierta, clara y detallada respecto del servicio que efectivamente brinda (art. 4 y 38 de la Ley Nº 24.240).

FINAER S.A., de acuerdo a lo consignado en su sitio web, ofrece un servicio de garantías para aquellos inquilinos que pretenden celebrar contratos de locación de bienes inmuebles con destino vivienda.

La empresa tiene cinco (5) días hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, para presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas correspondientes.

Balance de imputaciones y denuncias

En lo que va del año la SADC llevó adelante un total de 51 imputaciones, 46 de ellas durante el período de pandemia, y una denuncia judicial. Estas se encuentran bajo el proceso administrativo y judicial vigente.

La secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español especificó que “la defensa de los derechos de las y los consumidores es una base primordial de la gestión y que frente a este crecimiento de reclamos se desarrollaron políticas y acciones específicas para dar respuesta efectiva a la ciudadanía”.

Ante las reiteradas quejas a determinadas empresas, la Secretaría de Comercio Interior, no solo da curso a los reclamos individuales sino que identifica la actitud reiterada y sistematizada de las compañías y realiza imputaciones administrativas.

En el primer semestre de 2020 ya se recibieron la misma cantidad de reclamos de los consumidores que en todo 2019: más de 90.000. Sólo en el periodo del Aislamiento y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO y DISPO) declarado ante emergencia sanitaria por el Covid 19 –marzo, abril, mayo y junio- la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores recibió más de 70.000 reclamos realizados de manera virtual de todo el país. En junio de este año, las denuncias se incrementaron 359% -29.000 reclamos - respecto a al mismo mes del año pasado.

Frente a los reclamos recibidos fueron imputadas:

• Por incumplimientos en el servicio, Telefónica, Telecom y Telecentro.
• Por icumplimeintos en los plazos de entrega y, en algunos casos, también por ofertas engañosas en el marco del Hot Sale, entre ellas: Musimundo, Falabella, Garbarino, Fravega, Cetrogar, Red Megatone, Netshoes, Dexter, Cencosud, Sodimac, Vea, Disco, Coto, Walmart, Jumbo, Personal, Movistar, Suavestar, Sommier Center, Despegar, Al Mundo, Philco, El mundo del juguete y Mercado Libre.
• Por presuntas cláusulas abusivas, Rappi, Glovo y PedidosYa
• Por información falsa y engañosa, NuSkin.

Tras la emisión de una imputación, comienza el proceso administrativo en el cual la presunta infractora tiene un plazo de 5 a 10 días para realizar su descargo. A partir de allí, la Coordinación de Actuaciones de Infracción hace el proyecto de multa en base a la imputación. Una vez elaborado el proyecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores, elabora el dictamen de multa -proceso formal y obligatorio. A partir del dictamen, la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores emite resolución de la sanción. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los $5 millones.

También se realizó una denuncia judicial penal a las empresas no bancarias que prestan servicio de crédito -FinTechs- ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas. Los mayores damnificados son jubilados y beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo). Las denunciadas fueron: Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S. A., Efectivo Urgente, Wenance S.A., Wenance Credit Argentina S.A., Wenance Inversiones AAGI S.A. La denuncia sigue los plazos que impone el proceso en los fueros judiciales.

La SSAC continúa trabajando en la identificación de otros presuntos incumplimientos durante el desarrollo de estas jornadas. Las y los consumidores pueden ingresar sus reclamos en: https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.