La mesa, tal como establece la Resolución 144-2020, es una instancia novedosa a nivel internacional en materia de monitoreo, evaluación y rectificación de las tareas de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito a través de Internet. La decisión de Frederic derogó la desconocida Resolución 31-2018 que la gestión anterior utilizó para avalar y promover prácticas policiales invasivas sobre usuarios de redes sociales debido a sus expresiones. Algunos de esos casos terminaron con el procesamiento de personas a causa de su producción de informaciones y opiniones. La decisión de la Ministra Frederic impide que ese tipo de hechos se repitan.

En la Mesa Consultiva, además de las autoridades del ministerio, organizaciones sociales vinculadas a la investigación e intervención en materia de derechos digitales, organismos de derechos humanos y protección de la libertad de expresión, así como representantes del Congreso de la Nación. La diputada Paula Penacca y el diputado Christian Ritondo formaron parte del encuentro y anticiparon su voluntad de trabajar, no sólo en esta Mesa, sino también en el posible tratamiento legislativo de la prevención del delito con fuentes digitales abiertas.

En el encuentro se estableció una agenda de análisis y monitoreo de las investigaciones policiales que delinean las zonas sensibles de este tipo de investigación y de su especificidad en el marco de la pandemia del Covid-19. Por ello, así como hubo un homogéneo reconocimiento a la iniciativa participativa, las organizaciones manifestaron inquietudes que, en adelante, forman parte de las tareas informativas y de transparencia del Ministerio: especificación de software, situación judicial de las personas que fueron procesadas mediante la resolución derogada por Frederic, entre otras. Además, en el encuentro se intercambiaron ideas sobre mecanismos de trabajo y de control sobre las tareas de las fuerzas de seguridad, así como en la generación de instrumentos de transparencia y publicidad de las acciones de la Mesa.

Las autoridades del Ministerio manifestaron su preocupación por delitos producidos en relación con la pandemia (venta de respiradores y de productos publicitados como medicinales sin la aprobación de la ANMAT) así como por el incremento de estafas digitales y la mercantilización de medicaciones apócrifas.
Estuvieron presentes en la reunión la Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Andrea Pochak; Gustavo Saín, Director Nacional de Ciberseguridad (Jefatura de Gabinete de Ministros); Eduardo Cimatoy y Eduardo Bertoni, por la Agencia de Acceso a la Información Pública; Javier Raimo, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Federico Schmeigel y Rodrigo Pomares por el Consejo Provincial para la Memoria (CPM); Mariela Belsky y Mariana Marques, por Amnistía Internacional Argentina; Paula Litvachky y Federico Efron, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Tamara Peñalever, por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y Beatriz Busaniche, por Vía Libre, entre otros. Al finalizar el encuentro se acordó una nueva convocatoria dentro de dos meses para avanzar en los temas compartidos y para promover evaluaciones que, además de mejorar las tareas preventivas, produzca insumos que puedan ser útiles de cara a una ley en el Congreso de la Nación.