Con una importantísima convocatoria se llevó adelante una nueva reunión del Consejo Federal de Modernización e Innovación para intercambiar experiencias e inquietudes sobre el estado actual del funcionamiento de las administraciones provinciales y la APN en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. La reunión se destinó a analizar especialmente la situación del trabajo remoto en las diferentes jurisdicciones y las formas de organización laboral que debieron adoptarse para dar respuesta en esta contingencia.

Del encuentro, realizado por videoconferencia, participaron representantes de 23 provincias. En la apertura la Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, brindó algunos datos sobre el actual funcionamiento de la Administración Pública Nacional (APN): destacó que del total de empleados estatales -alrededor de 400 mil personas- la mitad corresponde a fuerzas armadas (FF.AA) y de seguridad que en un 90 por ciento se encuentra cumpliendo tareas con asistencia al lugar del trabajo. De los 200 mil empleados restantes, Castellani precisó que el 85 por ciento se encuentra trabajando regularmente: el 70 por ciento cumple sus tareas de forma remota desde sus hogares, mientras que el 15 por ciento está dentro de los servicios denominados críticos y/o esenciales.

El 15 por ciento restante se encuentra de licencia, la gran mayoría -dos tercios- cuidando a hijos menores en sus hogares ya que no hay asistencia a los establecimientos educativos. El tercio restante se encuentra cumpliendo licencias habituales (enfermedad, maternidad, etc.)

“Estos datos sirven para demostrar que el Estado está de pie: aún en un contexto de crisis y mayor demanda está funcionando y brindando soluciones” dijo Castellani.

Durante la reunión los representantes provinciales intercambiaron información sobre las diferentes soluciones adoptadas en cada jurisdicción, con las particularidades económicas, sociales y demográficas de cada territorio. Coincidieron en que se ha duplicado la demanda laboral en busca de soluciones en medio de la emergencia y compartieron preocupaciones sobre la necesidad de acelerar procesos de digitalización, así como de brindar conectividad y articulación entre los diferentes organismos públicos que componen las administraciones.

La amplia participación de las provincias, con la intervención activa de casi todos los representantes presentes, dio cuenta de la importancia del intercambio de saberes y experiencias en cuestiones de gestión pública entre las distintas jurisdicciones, mucho más en un contexto de crisis como el actual. “Tenemos mucho que contar a todos y mucho que aprender de todos” podría ser, perfectamente, un resumen de las intervenciones de los asistentes. También se destaca el hecho de que se planea usar la plataforma remota para la realización de la próxima Asamblea del Consejo y las reuniones de las comisiones de trabajo. Además, las provincias mencionaron temas vinculados a la centralización de la información, la relación con las áreas de la administración central como Salud, Seguridad y Desarrollo Social, el crecimiento de las horas destinadas al teletrabajo y de la capacitación a distancia, entre otras. En ese marco, fue particularmente festejada la moción de que el Consejo recupere su nombre tradicional: Consejo Federal de la Función Pública.

De la reunión participaron también los subsecretarios de la SGyEP: Mariano Boiero (Empleo), Beatriz de Anchorena (Fortalecimiento Institucional) y Alejandro Estévez (INAP). Cada uno realizó una breve exposición y se pusieron en común distintos intrumentos para fortalecer las capacidades estatales instaladas. Desde la subsecretaría de Empleo se compartió la encuesta que se está realizando para relevar el impacto y las necesidades del trabajo remoto en toda la APN, así como las guías de organización del trabajo on line y el bienestar psicosocial de los empleados, y una herramienta específica para quienes deben conducir equipos a distancia. La subsecretaria de Fortalecimiento Institucional compartió el catálogo de servicios y derechos esenciales para la ciudadanía en tiempos de COVID-19, que agrupa todos los organismos del Estado que están brindando servicios esenciales a la ciudadanía y otras ventanillas que han pasado a trabajar de forma remota. Mientras que el INAP , que está trabajando en la puesta en marcha del Plan Federal dispuso que toda la oferta de actividades presenciales migraran a una instancia de virtualización para poder continuar capacitando y ofreciendo asistencias técnicas. Respecto al plan Federal de Capacitación, Castellani destacó la decisión política que reasignó recursos para cuadruplicar la inversión destinada a la capacitación de los empleados estatales en todo el país.

“En todos los casos seguimos funcionando y garantizando los derechos de los trabajadores y la integridad de los salarios”, precisó Castellani “y se ha mantenido el nivel de prestaciones que se le brinda a la ciudadanía”. La Secretaria finalizó la reunión con una reflexión acerca de las necesidades tecnológicas que demanda este momento: “La tecnología es fundamental, pero corremos el riesgo de que se convierta en algo más importante que la política. La tecnología es una herramienta, pero no podemos enamorarnos de la herramienta. La función pública requiere conocimiento, capacidad de gestión y pensar lo público como parte integral de una política: nada reemplaza el contacto del Estado con sus ciudadanos”.