Hoy se conmemora el 70 aniversario de la sanción de la gratuidad universitaria en Argentina, un logro obtenido en 1949 cuando, a través de un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para alcanzar este propósito. Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente, pasando de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. Sin embargo, el camino recorrido no fue sencillo y tuvieron que pasar 45 años para que finalmente la gratuidad tuviera rango constitucional.

Si bien el decreto de gratuidad se confirma en 1949, las luchas por esta democratización llevaban décadas. Como antecedente más relevante, se puede citar a la Reforma Universitaria de 1918, que el año pasado celebró su centenario. Esta gesta estudiantil, que tuvo su epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo caracterizada por el anhelo de la reforma social y un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a estas instituciones, donde sólo las clases altas y acomodadas podían estudiar. Es así como habían elevado un proyecto de ley estableciendo la gratuidad, pero que no llegó a tratarse en el congreso.

Sin embargo, gracias a esta lucha, se lograron aspectos clave que para la educación superior tal como la conocemos, como libertad de cátedra,autonomía universitaria,cogobierno,extensión universitaria, concursos de oposición y antecedentes, becas universitarias y compromiso con la comunidad. Además, los estudiantes habían logrado incorporarse al co-gobierno universitario, pero no habían removido uno de los principales obstáculos para el acceso popular y masivo a la Universidad: el arancel universitario.

En 1949, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas. Retomando las ideas de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social.

Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29337, se estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además, se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas. Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado definitivamente con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que, además, se incluyen sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.