Planificar la transformación de lo que era un predio destinado desde hace décadas a la explotación agropecuaria extensiva, en un área con el mayor estatus de protección ambiental, es un enorme desafío que merece un análisis integral de las condiciones socio-ambientales del territorio que se pretende ordenar desde la óptica de la conservación.

Como en cada proyecto de esta naturaleza, y en base a un diagnóstico inicial, se establecen las bases conceptuales y los consensos para generar un plan de gestión y manejo para la administración de ese espacio; que, a partir de esta nueva organización de su uso, replanteará el enfoque sobre la relación de los habitantes con los recursos naturales que integran ese entorno.

Por eso es que todas las instancias de participación, tanto de los actores locales y pobladores vinculados, como de las Legislaturas Provinciales y de ambas Cámaras del Congreso Nacional, son sumamente necesarias para la indispensable validación democrática de estas construcciones consensuadas. Ese es el camino constitucional con el que ya se incorporaron 10 áreas protegidas nacionales desde el año 2003.

En este sentido, ambos Estados vienen desarrollando acciones concretas tanto en el ámbito político, como en el jurídico y – sobre todo – en lo relacionado con la inclusión social de los habitantes de la zona. Las múltiples problemáticas de este caso en particular no se resuelven con medidas unilaterales. Porque cualquier modificación abrupta de las históricas relaciones entre el hombre y la naturaleza, y de su historia y cultura, generará un impacto sumamente negativo en la propuesta de gestión para esos espacios territoriales.

Ante el nacimiento de un área protegida, el mayor Parque Nacional del Norte de nuestro país. Como en cada momento crítico, se enfrentan amenazas concretas, y por esta razón es que se plantea un modelo de abordaje que contemple cada uno de los derechos que pudiesen ser afectados.

Hasta el momento, la Administración de Parques Nacionales (APN) sigue trabajando en la zona, con guardaparques delegados especialmente para la instalación de un centro operativo en la localidad de Miraflores y con la elaboración de una serie de directrices que son fundamentales para la conservación de los corredores biológicos más vulnerables, como el Proyecto GEF que específicamente se planificó para la región desde hace mucho tiempo.

Financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) y contempla acciones conjuntas respecto de la elaboración de un Plan Operativo, entre otros aspectos que incluyen una agenda de trabajo para los próximos cinco años. Esta iniciativa implicó el trabajo de equipos interdisciplinarios en un paciente desarrollo de dos importantes corredores para la conservación de la biodiversidad, que se localizan tanto en el área de influencia del Parque Nacional Chaco, como en la zona de El Impenetrable; en el Interfluvio Teuco-Bermejito.

En tanto, el Parque Nacional Chaco, con más de sesenta años de existencia en la región, es la base administrativa que mantiene permanente vinculación con la Casa Central de la APN y con sus funcionarios. Sin dudas, El Impenetrable es parte del sistema y por esta razón ya fue integrado a la planificación y al presupuesto del organismo nacional de conservación e incorporado a las herramientas de comunicación institucional.

Está naciendo un nuevo parque nacional, y para que se consolide como tal es necesario que todos los esfuerzos realizados sean en el marco del respeto a la Ley, que es insoslayable en la ejecución de todas las políticas públicas del Estado.