El ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, encabezó la reunión del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), dónde ministros y representantes de las provincias firmaron una carta compromiso para la implementación a nivel nacional y provincial de políticas públicas que permitan el recupero de activos de origen ilícito, en especial provenientes de delitos complejos como la corrupción o el narcotráfico.

La jornada se dividió en cuatro mesas de trabajo de las comisiones de Asuntos Penitenciarios, de Política Criminal, de Acceso a la Justicia y de Derecho Privado, que luego expusieron sus conclusiones ante el Consejo.

Al inicio de las conclusiones del Consejo, el ministro Garavano, acompañado por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, manifestó que “si bien los desafíos son muchos espero que podamos seguir compartiendo experiencias para mejorar el sistema de justicia y la difícil situación carcelaria que vive el país, que son procesos de largo aliento que requieren de un esfuerzo colectivo de todos nosotros”.

Asimismo, destacó la eficacia del programa de entrega de tobilleras electrónicas “que ha servido no solo para descomprimir las cárceles sino como mecanismo de rehabilitación social efectivo, con un índice casi nulo de reiterancia delictiva, lo que nos da fuerzas para seguir profundizando el sistema”.

En la comisión de Acceso a la Justicia, la subsecretaria nacional María Fernanda Rodríguez, detalló los requisitos para la entrega de dispositivos duales para casos de violencia de género. En ese marco, el ministro Garavano firmó el convenio de adhesión con la provincia de Misiones, al programa que cuenta con 387 dispositivos activos y está vigente en 18 provincias.

Rodriguez también señaló los avances en la implementación del Cuerpo de Abogados de Violencia de Género y su articulación con organismos provinciales de patrocinio jurídico.

Por su parte, se presentaron los anteproyectos de leyes de Insolvencia Transfronteriza y de Defensa del Consumidor, este último elaborado por una comisión conjunta de los ministerios de Producción y Trabajo, y de Justicia y Derechos Humanos. También detalló el estado de avance de la comisión redactora del nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

En la comisión de Política Criminal, el subsecretario Juan José Benitez, presentó el anteproyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil y resumió el proceso de elaboración del anteproyecto de reforma del Código Penal, y sobre el régimen de extinción de dominio.

Por su parte, el representante de Santa Fe presentó la experiencia de su provincia al encarar un programa para recuperar bienes decomisados de delitos complejos.

La jornada se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti, de la Secretaria de Derechos Humanos y Plurarismo Cultural, en el Espacio de la Memoria de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El COFEJUS se creó 2008 con la misión de concertar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las provincias y el gobierno de la CABA para fijar políticas comunes en materia judicial y penitenciaria. Tiene por objetivo proponer políticas que contemplen las problemáticas y particularidades regionales, desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones, establecer mecanismos de resolución de conflictos ágiles, impulsar la innovación y el adelanto tecnológicos, reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial, y efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.

Consejo Federal Penitenciario (COFEPE)

En forma paralela, se reunió el Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) que encabezó Facundo Bargalló Benegas, de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios que explicó los avances en la cancelación de deuda histórica por alojamiento de internos federales en establecimientos provinciales. Hasta el momento, Nación ha pagado más de 350 millones de pesos, saldando una vieja deuda con las provincias.

En cuanto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, se señaló que han adherido 21 provincias y que han recibido 1.922 tobilleras que se suman a las 776 activas entregadas a la justicia federal.

También se remarcó que siguen vigente las becas de formación profesional en los institutos del Servicio Penitenciario Federal y capacitaciones dirigidas al personal penitenciario.
Posteriormente, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Implementadores de medidas alternativas a la prisión.