El crimen organizado se caracteriza por cometer una multiplicidad de delitos, entre ellos el narcotráfico. Desde el inicio de la gestión de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, uno de sus objetivos fue poner en práctica herramientas que permitieran investigar eficientemente estas bandas mafiosas.

La Ley de Técnicas Especiales de Investigación sancionada a comienzos de 2016, y cuyo contenido fue incorporado al Código Procesal Penal Federal, permitió que la Justicia y las Fuerzas de Seguridad desarticularan una banda de narcotraficantes, en lo que se conoció como la causa “Kilómetro 34 - Budge II”, que operaba en la ciudad homónima del partido de Lomas de Zamora.

¿Cómo se utilizaron las técnicas especiales de investigación? En octubre de 2016, un integrante de la banda que había sido amenazado de muerte se presentó como arrepentido ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (ProcuNar) para brindar información a cambio de protección.

Por su declaración, la Justicia decidió que ingresara al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, dependiente de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, bajo la figura de arrepentido. Este instituto permite que la Justicia acceda a información de ayuda para la investigación a cambio de beneficios procesales para el acusado.

El agente revelador

La banda desarticulada había construido un muro de casi dos kilómetros de largo para “blindar” el espacio en el que operaban, precisamente, en la zona conocida como “Kilómetro 34” de la localidad lomense de Budge. Los aportes del arrepentido dieron pie a la utilización de un nuevo recurso: el agente revelador (artículo 5° de la ley 27.319), que es un miembro de una fuerza de seguridad que se hace pasar por cliente para comprar droga y así evidenciar la actividad ilícita que allí se desarrolla.

Tras 21 allanamientos en los que se incautó todo tipo de drogas y se detuvo a 11 personas, esta banda fue desarmada en 2017.

Los 11 detenidos (entre ellos uno de los líderes y dos policías provinciales, acusados de brindar protección e información a cambio de dinero) fueron finalmente procesados y embargados por 11 millones de pesos.

La utilización de estas nuevas herramientas le permitió a la ProcuNar aumentar en un 100% la cantidad de investigaciones realizadas en comparación con años anteriores.