Desde que Germán Garavano asumió la dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, uno de los objetivos planteados fue el reducir el tiempo para lograr una condena. Así, con la aprobación del proyecto que modificó integralmente el Código Procesal Penal Federal, dos leyes fueron incorporadas: la de Flagrancia y la de Juicios Unipersonales.

El Estado comenzó a implementar los procesos de flagrancia a fines de 2016 en los casos en los que la persona que cometió un delito fue atrapada mientras lo llevaba a cabo (“con las manos en la masa”), por lo que su participación no entra en duda. La audiencia con el juez, en la que se aseguran todas las garantías del detenido, es obligatoria bajo esta modalidad.

Desde entonces hasta hoy, y tomando en cuenta los últimos datos difundidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 76 por ciento de los casos en los que se aplicó el procedimiento de flagrancia se resolvieron en las primeras 30 horas de ocurrido el hecho, logrando que el 41 por ciento de los imputados fuera a prisión. Además, el 58 por ciento de los fallos no fueron apelados por ninguna de las partes, lo que plasma la gran aceptación del sistema.

El Ministerio de Justicia complementó esta iniciativa con la del Juicio Unipersonal. Antes, los casos que llegaban a tribunales nacionales y federales eran tratados por tres jueces de manera conjunta. Ahora, con esta herramienta, y en determinados casos, los jueces pueden tratar de forma individual las causas que se presenten.

Las leyes 27.307 y 27.308 establecen esta modalidad de juicios. Un sólo magistrado puede concluir el proceso, entender en abreviados, probations, etcétera. Eso hace que el Sistema Judicial Nacional y Federal multiplique sus capacidades de resolución. Dado que con sólo un juez es suficiente, los otros dos van a poder dedicarse a otras causas.

Los datos más recientes marcan que la cantidad de sentencias en la Justicia Nacional y Federal se duplicó, al mismo tiempo que la demora para la fijación de la primera audiencia ante el juez se redujo un 67 por ciento.

Estas figuras procesales, junto con numerosas medidas que implicaron una profunda modificación en materia procesal penal, repercutieron en muchos sentidos. Por ejemplo, la mayoría de las personas privadas de su libertad (54,4 por ciento) tiene sentencia firme y se revirtió la tendencia histórica de imputados presos sin condena.