La coordinación de más de un año de debates, la recepción de aportes de especialistas y víctimas en todo lo relacionado con los delitos penales y el análisis para la incorporación de tratados internacionales fueron parte de la responsabilidad que recayó sobre la Comisión encargada de la reforma del Código Penal de la Nación, que esta semana le presentó al presidente, Mauricio Macri, los avances para armonizar la normativa vigente.

Macri se reunió este lunes con los integrantes de la mesa responsable de coordinar los debates y redactar el anteproyecto, que podría ser discutido durante la segunda mitad del año en el Congreso, para interiorizarse sobre los avances.

Es que, al comienzo de la gestión, uno de los objetivos trazados por la Casa Rosada fue el de ayudar a que la Justicia Penal sea más efectiva, rápida y al alcance de la ciudadanía. Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se impulsó, junto con los poderes Judicial y Legislativo, la creación de esta comisión de modificación.

El cuerpo normativo no se modifica desde que fue aprobado en 1921 -pese a varios intentos que se realizaron- y desde entonces pesan sobre él más de 900 modificaciones.

Del encuentro con el primer mandatario participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, su par de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente de la comisión de reforma, el camarista Mariano Borinsky, y otros miembros de ese órgano.

Borinsky fue el encargado de explicarle al Presidente los alcances de este proyecto: la aplicación efectiva de la ley penal, la inserción internacional del país (se incorporan tratados transnacionales), la intervención de la víctima en el proceso y la incorporación de nuevos tipos de delitos que no están contemplados en la redacción actual, entre otras cosas.

Este proyecto, además, tiene un canal de diálogo alternativo a través de la plataforma Justicia 2020, que funciona en el marco de la cartera que dirige Garavano como un espacio de participación ciudadana.

En la recta final

El proyecto de reforma integral del Código Penal ya está entrando en su última etapa. Después de más de 70 reuniones a lo largo de más de un año, en diferentes provincias e incluyendo aportes de la plataforma web, la redacción está casi finalizada. Con pocas reuniones por delante, la propuesta podría estar cerrada para la primera semana de junio.

Luego, el proyecto será debatido en el Congreso, donde deberá recoger, como mínimo, dos tercios de los votos en cada cámara para ser aprobado.

Esta semana, en una nueva reunión de Comisión, los juristas avanzaron en temas como la armonización entre las competencias de los jueces electorales y la incorporación de tipos penales referidos al financiamiento de los partidos políticos, la inclusión de un delito referido a no permitir el ejercicio del derecho de huelga, la tipificación de la conducta del profesional que no tiene habilitación para actuar y sobre la entrega a la autoridad de un arma sin registrar.

Mariano Borinsky, presidente de la Comisión afirmó que lo necesario es la “sistematización de todos los delitos en un digesto único”, y que lo que se busca alcanzar es una “articulación que sea clara en cada caso”.

Para encontrar la mejor forma de armonizar los delitos y las faltas administrativas electorales, los expertos recibieron a Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral.

En relación al derecho de huelga, el Camarista de la Casación destacó que “se decidió penar con este tipo a los casos en los que no exista violencia, ya que ese extremo está previsto en la coacción”.

El pleno se abocó a la redacción de un delito referido a la conducta del que realiza actos propios de una profesión que requiere una habilitación especial, por ejemplo, la medicina o la abogacía, sin tener el título, o la matrícula obligatoria habilitante activa, o la autorización que corresponda en cada caso.

Además se avanzó en una eximente de pena para aquel que lleva a un programa de entrega voluntaria un arma no registrada o con registro vencido, o lo pone a disposición de una autoridad administrativa o judicial.

La comunidad, partícipe invalorable

En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires que tiene lugar en La Rural, el miércoles 9, los miembros de la Comisión participarán de unas mesas para presentar los avances del anteproyecto. Por un lado, a las 14.30, en la Sala Alfonsina Storni -Pabellón Blanco-, Carlos González Guerra, Patricia Llerena y Yael Bendel, presentarán “Principales lineamientos del Proyecto de Reforma del Código Penal”, con el periodista Claudio Savoia como moderador.

Mientras que, a las 20.30 en la Sala Tulio Halperin Donghi, Mariano Borinsky, Daniel Piedecasas y Sebastián Picasso, disertarán sobre “Accidentes de tránsito”.

La Comisión está presidida por Borinsky, el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra, el fiscal Pablo Nicolás Turano, los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena, el procurador general de Salta, Pablo López Viñals, el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. También la conforman los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.