“No podemos pretender ser una sociedad moderna si tenemos un Código Penal de 100 años”, sostuvo el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, en el encuentro que mantuvo con autoridades del poder Ejecutivo porteño. Fue en el marco de las recorridas que realizan los miembros de la Comisión para dar a conocer los avances del trabajo sobre el cuerpo normativo en todas las jurisdicciones del país.

Junto a Borinski, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, visitaron al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.

Desde hace un año, y con aportes de la sociedad a través de la plataforma de Justicia 2020, Borinsky coordina reuniones con representantes de distintos sectores que coinciden en la “necesidad de modificar el Código Penal vigente, aprobado en 1921 y que ya sufrió más de 900 reformas”, las cuales “le hicieron perder proporcionalidad y lógica interna”.

Por su parte, el jefe de Gobierno presentó a la Comisión una propuesta de reforma que hace foco en dos temas: el robo con motovehículos y las agresiones al personal policial en las manifestaciones, para quienes propuso penas de prisión.

En representación de la Comisión, participaron también el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, el fiscal Pablo Nicolás Turano y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

La Comisión también está integrada por el camarista Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer y los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

Las nuevas propuestas

Desde el Gobierno de la Ciudad aprovecharon la reunión para proponer dos modificaciones concretas al cuerpo normativo vinculadas a la realidad metropolitana. En el primer caso, se sugiere incorporar como agravante la utilización de las motos en los robos, bajo la consideración de que incrementan la capacidad ofensiva de los arrebatadores, sumado a que la utilización de casco impide el reconocimiento de los atacantes.

Por otro lado, Rodríguez Larreta sumó una segunda propuesta que prevé la pena de prisión para quienes arrojen elementos contundentes o inflamables en el marco de una concentración de personas que puedan provocar la muerte o menoscabar la integridad física de otro individuo (aun cuando estén dotadas de instrumentos de protección), o que afecte el normal desenvolvimiento de la misma.