Uno de los objetivos del Ministerio de Justicia y Derechosa Humanos es discutir una reforma integral del cuerpo normativo que determina qué conductas pueden ser consideradas delitos. Qué se pondrá en discusión y qué canales se usarán para el debate.

El Código Penal argentino fue pergeñado en 1921. Desde entonces, sufrió más de 900 modificaciones y, en reiteradas oportunidades, se intentó impulsar una reforma general de este cuerpo normativo para actualizar su contenido. Ninguno de estos intentos prosperó, inclusive cuando integrantes del mundo del Derecho en general, legisladores y especialistas del fuero continúan afirmando que este paso es necesario.

Replicando las experiencias de 2006 y 2012, y tomando esos proyectos como referencia en algunos sentidos, el Poder Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, impulsará este debate una vez más. Entre otras cosas, se busca actualizar el Código al introducir delitos que, por ejemplo, se pueden llevar a cabo gracias a la utilización de nuevas tecnologías.

“El Código es de 1921, y todas las modificaciones que ha sufrido han afectado la coherencia interna. La visión que tenemos es la de un Código que sancione de manera proporcional, devolverle el orden y la sistematicidad al sistema Penal argentino”, precisó el jefe de gabinete del ministerio, Martín Casares.

El funcionario puso de manifiesto la necesidad de actualizar el Código y, además, señaló que la primera instancia de discusión para llevar a cabo este trabajo será una Comisión compuesta por especialistas que trabajarán en la redacción de un anteproyecto. Al respecto, Casares consignó que “los integrantes de la Comisión tienen una visión práctica porque en su mayoría son magistrados, fiscales y abogados que están trabajando en el día a día”.

Casares destacó que “la idea es tener un Código actualizado para poder enfrentar al crimen organizado y los desafíos que esto plantea, pero también para el crimen ordinario que sucede en las calles y que tanto le preocupa a la gente. Cuando esté el anteproyecto se abrirá una instancia de participación ciudadana, donde podrán hacer sus aportes académicos, especialistas e integrantes de la sociedad civil”.

¿Qué se pondrá en debate?

El director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, explicó que “el primer objetivo es ‘aggionar’ el Código Penal a la realidad actual. Las reformas proyectadas en los últimos años han tenido este punto de partida. Luego de 96 años de vigencia de un Código, independientemente de sus agregados parciales, es lógico que haya conductas que no se tuvieron en cuenta en su origen porque no existían y otras conductas sobre las cuales la sociedad ha cambiado su valoración. Hay, por ejemplo, conductas que en 1921 el legislador no podría haber pensado: los ciberdelitos. En esa lógica, hay conductas o situaciones nuevas que el actual legislador penal deberá determinar si corresponde o no castigarlas”.

Por otra parte hay conductas actualmente desvaloradas que en su momento el legislador no incorporó al Código penal. Un claro en ejemplo son los llamados “delitos contra el medio ambiente” o “la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. “La sociedad no tenía entonces una valoración negativa de conductas que afectaban el medio ambiente, entonces es indudable que una normativa moderna debería analizar esa problemática a la luz de la nueva configuración social, lo mismo sucede con delitos cometidos directamente por sociedades comerciales”.

González Guerra señaló que se pondrán en discusión “conductas que antes no eran valoradas negativamente y ahora sí lo son”. También remarcó el hecho de que se estudiará la “proporcionalidad” de las sanciones, que en muchos casos con las varias reformas que sufrió el Código penal se han perdido.

“Es indudable que hay una diferencia de valoración entre conductas que lesionan la vida o patrimonio de las personas y eso se debe ver reflejado en el marco penal que el legislador le propone al juez. En algunos casos esa proporción entre hecho y castigo en términos comparativos incluso dentro del mismo Código se ha perdido. Por ello será necesario en algunos casos aumentar penas, en otros quizás mantenerlas o disminuirlas”.

En este sentido, González Guerra agregó que intuye que esta “proporcionalidad” en las sanciones penales seguramente será puesta en discusión en los delitos contra la administración pública, conocidos como delitos de corrupción.