Presidida por la diputada Gabriela Burgos, la comisión de Legislación Penal emitió días atrás dictamen de mayoría sobre el proyecto que modifica el Código Procesal Penal Federal de la Nación. Es una iniciativa que, con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, introduce nuevas herramientas para la investigación de delitos complejos. Ya tuvo media sanción de la Cámara de Senadores.

En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sebastián Garat, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, asistió a la comisión. Subrayó la “necesidad de contar con un Código actualizado para poder implementarlo lo antes posible, en beneficio de todas las personas que se someten a la Justicia”.

Las modificaciones propuestas al nuevo Código de procedimientos -previsto en la Ley 27.063- se orientan a adaptarlo a la “investigación y juzgamiento de los delitos de competencia de la Justicia Federal”, en función del traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño.

Se busca convertir el Código Nacional en uno verdaderamente Federal (CPPF), cuya ley de enjuiciamiento criminal sea aplicable a los delitos más graves y complejos de nuestro ordenamiento penal.

Según Garat, la “reforma busca crear un sistema de administración de Justicia con investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”. También busca “la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas que permitan lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, de cara a la sociedad y en lenguaje simple”.

Entre las propuestas que abarca la reforma se incluye la “cosa juzgada írrita”. Esto quiere decir que se “elimina la previsión que prohibía la revisión de las sentencias dictadas fraudulentamente, a fin de evitar impunidad”, explicó Garat. También se habilita la posibilidad de proveer de seguridad e incluso reserva de la identidad de quienes presten declaraciones testimoniales o resulten potenciales testigos.

Además, se prevé el “diferimiento de medidas”, otorgándole al representante del Ministerio Público Fiscal la autoridad para disponer la postergación de una medida de prueba o de una intervención cuando pudiera comprometer el éxito de la investigación para favorecer la instrucción de causas complejas. Asimismo, se busca agilizar la ejecución de medidas del juez competente en la causa cuando aquellas deban llevarse a cabo en otra jurisdicción.

Según detalló Garat, la “agilización de las medidas interjurisdiccionales” permite la “ejecución inmediata de la medida y evita la burocracia que implica la necesidad de que el juez que investiga le envíe un oficio solicitando autorización para proceder al juez de la jurisdicción en la que se debe realizar la prueba”.

Garantías del proceso

-En la reforma del Código de procedimientos se modifica la forma de investigación a un sistema acusatorio. ¿Qué implica?

-El principal cambio se verá en la prestación de un mejor servicio de Justicia para la ciudadanía, mediante la resolución de las causas en menor tiempo y decisiones de calidad y mayor claridad mediante un lenguaje coloquial. Para ello se pasa a un sistema de oralidad y publicidad, lo que trae aparejado mayor transparencia, que debe estar acompañada de una investigación profesionalizada liderada por el fiscal y sus equipos especializados. De esta manera se logra además un mayor respeto a las garantías del proceso, debido a que el juez preserva su imparcialidad, verificando la legalidad del proceso y decidiendo al momento de la audiencia oral, luego de escuchar a todas las partes y analizar las pruebas que se le presentan.

-También se incorporan nuevos procedimientos penales previstos en otras leyes aprobadas por el Congreso. ¿Cuáles son las figuras destacadas y cómo inciden en la nueva forma de investigar los delitos federales?

-Se incorporan reformas impulsadas por el Gobierno nacional de Mauricio Macri, que fueron aprobadas por el Congreso en los últimos dos años: Ley de Juicios Unipersonales, que permite resolver las causas de menor gravedad con la intervención de uno sólo de los tres jueces del Tribunal, multiplicando sus capacidades de resolución; Ley de Flagrancia, que imprime un procedimiento abreviado para los casos en los que el imputado es sorprendido mientras comete el delito; y Ley de Derechos de la Victima de Delitos, que impone un nuevo paradigma dentro del proceso penal que pone a la víctima en el centro del sistema, otorgándole participación durante todo el proceso, incluso al momento del cumplimiento de la pena.

Además, se confiere un nuevo perfil al sistema de justicia federal, especializándolo para la investigación y juzgamiento del crimen organizado y los delitos complejos, otorgándole al fiscal herramientas especiales para la investigación. Como las figuras del imputado colaborador o arrepentido, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador.