La Ley 27.063 – el nuevo Código Procesal Penal Federal – fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2014. Esta normativa jurídica tiene como objetivo dar el marco de lógica acusatoria y oralidad a la investigación y el juzgamiento de los delitos federales cometidos en cualquier lugar del país.

El nuevo ordenamiento jurídico instaura a nivel nacional el llamado proceso penal acusatorio en el que la investigación criminal pasa a manos del Ministerio Público Fiscal. El Poder Ejecutivo de la Nación propuso un plan de ejecución acompañando en su misión a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la Nación, presidida por el senador Rodolfo Urtubey.

En esa línea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación propuso la incorporación de nuevas herramientas al Código Procesal Penal Federal (CPPF), pensadas para la investigación de los delitos complejos como lo son el narcotráfico, los actos contra la administración pública, la trata de personas y el crimen organizado en general. Entre las herramientas que pasaron por el Congreso se cuentan las leyes del Arrepentido y la de Flagrancia, también incorporadas al nuevo código.

Esta reforma está en etapa de formación de todos los operadores judiciales hacia un cambio cultural de la justicia federal penal. Desde el Ministerio de Justicia se está asistiendo a los diferentes órganos del Estado involucrados en la reforma en lo referente a capacitaciones a fiscales, jueces, defensores así como a los nuevos funcionarios de las oficinas judiciales y los miembros de las fuerzas seguridad y los técnicos de los laboratorios forenses”.

En tanto, entre mayo y septiembre de este año, concluido el ciclo de capacitación, se van a realizar “simulacros en tiempo real del nuevo sistema acusatorio. Es un cambio cultural”.

La nueva modalidad para investigar el delito complejo cambia radicalmente la “operatividad de los juzgados” y por eso desde el Ministerio hacen hincapié “en el período de capacitación de los operadores judiciales”.

En detalle, uno de los módulos de las capacitaciones, trata sobre el nuevo “rol de los funcionarios”. Así como “todo el sistema es en función de la oralidad”. Todo el proceso penal, por ejemplo de una causa por tráfico de drogas, se informará en una audiencia oral, más allá del informe presentado por escrito.

Más allá de la creación de las Oficinas Judiciales que realizan el trabajo administrativo – de gestión-, la nueva disposición “cambia la dinámica de trabajo de la Justicia”. “El fiscal encabeza la investigación con el apoyo de fuerzas de seguridad, y cuando junta las pruebas suficientes, tiene la misión de notificar a las personas que va a investigar así como la de formalizar la acusación para que intervenga el juez”, explicaron desde la Subsecretaría de justicia y Política Criminal, que coordina la implementación de la nueva normativa.

El norte como primer paso

El norte del país fue la zona elegida para empezar la primera implementación del nuevo código de procedimientos a nivel federal. Sería en octubre, en los juzgados federales de la ciudad de Salta, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal -en la misma provincia- y también en San Salvador de Jujuy. En la capital salteña, ya se están identificando los inmuebles que serán las nuevas oficinas judiciales del fuero.

La idea es que se vaya implementa en el resto de las provincias cada 6 o 9 meses. Y, en coincidencia con la comisión bicameral del Congreso se fijará el calendario de implementación para que el nuevo CPPF esté plenamente en funcionamiento en un lapso de entre 6 y 10 años en todo el país.