Historia penitenciaria
Criminología: cárcel y ciencia positivista
La influencia positivista de fines del siglo XIX instaló nuevos discursos criminológicos y promovió un conjunto de enfoques científicos sobre los ámbitos penitenciarios. Comenzó con la elaboración de reportes estadísticos sobre delincuencia, agrupando información vinculada a tipos de delitos y, sobre todo, a características físicas y psíquicas de los autores de los hechos. Los datos relacionados con el sexo, la edad y la nacionalidad de delincuentes y contraventores fueron un eje central de aquellas estadísticas. Pero la producción científica no se limitó a estos reportes sino que también, dentro de algunos espacios carcelarios, desarrolló estudios clínicos partiendo de la observación del comportamiento de las personas privadas de libertad.
A principios del siglo XX, desde la dirección de la Penitenciaría Nacional que ejercía entonces Antonio Ballvé, surgieron dos iniciativas que pusieron de manifiesto aquella doble estrategia metodológica.
En 1906 se desarrolló el Primer Censo Penitenciario Nacional que marcó un hito fundacional en la recolección estadística penitenciaria argentina. En paralelo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se incorporó una nueva forma de producción científica vinculada a los estudios de casos: la criminología clínica. En 1907 José Ingenieros quedó a cargo de la Oficina de Psicología y Antropometría dentro de la Penitenciaría Nacional –luego denominada Instituto de Criminología-. Así, los reportes de la Penitenciaría incluyeron información basada en las investigaciones del Instituto, como por ejemplo las diferentes patologías observadas en los reclusos.
Entrevistas
El Instituto de Criminología en el tiempo, por Andrea Lombraña
Las principales características y enfoques epistemológicos del Instituto de Criminología, a través de su historia y sus cambios de gestión, desde su creación en 1907 hasta el presente.
Andrea Lombraña (1978) es Doctora en Antropología Social (UBA) y profesora de Antropología (UBA). Es Investigadora adjunta del CONICET. Coordina el Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (NESDI-EIDAES, UNSAM). Integra el proyecto “Dispositivos de transición a la libertad” (FONCYT). Es docente en el Centro Universitario San Martín (CUSAM, UNSAM) e integra el equipo técnico del Instituto de Criminología del SPF.
Trabajos (conjuntos):
- https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/issue/view/288/23
- https://www.revistadeprisiones.com/wp-content/uploads/2020/07/4.-Lombra%C3%B1a_Ojeda.pdf
- http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/issue/view/34/32
La tradición positivista y las corrientes críticas, por Hernán Olaeta
El impacto del paradigma positivista en Argentina y la materialización de sus métodos y perspectivas en el marco del quehacer penitenciario y de la labor científica sobre la población penada.
Hernán Olaeta (1967) es abogado, con Posgrado en Derecho Penal y Maestría en Metodología de la Investigación Social. Es Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, investigador y docente universitario.
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5b6dc94121572.pdf
https://revista.criticapenal.com.ar/index.php/nuevacriticapenal/article/view/40/42
El rol del CONICET, por Natalia Ojeda
Las articulaciones entre políticas públicas y criminología desde la integración del trabajo académico del CONICET, desde el convenio tripartito firmado en 2021 junto al Ministerio de Justicia y DDHH, y al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Natalia Ojeda es Doctora en Antropología Social (IDAES-UNSAM). Es investigadora adjunta del CONICET. Desde 2007 investiga en cárceles del ámbito federal y bonaerense, analizando el castigo, el tratamiento y las sociabilidades. Publicó diversos trabajos en revistas nacionales y regionales. Es docente en el Centro Universitario San Martín (CUSAM, UNSAM). Dirige el Instituto de Criminología del SPF.
La administración penitenciaria
En 1933 el Congreso Nacional aprobó la ley 11.833 de “Organización Carcelaria y Régimen de la Pena” que dio origen a la Dirección General de Institutos Penales. Este organismo se constituyó como la primera institución coordinadora del sistema penitenciario nacional, ya que hasta la fecha no existía una administración centralizada de las cárceles dependientes de la Nación.
La ley significó el punto de partida de una reorganización administrativa que se completó con la designación del Dr. Juan José O’Connor como primer Director General, acompañado por un consejo asesor integrado por José María Paz Anchorena, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y el Dr. Jorge H. Frías, Presidente del Patronato de Liberados.
Bajo la premisa de reeducación y reinserción social de los detenidos, la organización de los establecimientos penales que instauró la ley 11.833 determinó tres aspectos centrales. La primera cuestión era garantizar un régimen de educación moral e instrucción práctica para los presos. La segunda, brindar un aprendizaje técnico de oficio que sirviera a la sociedad al momento de otorgar la libertad al detenido. Por último, inculcar hábitos de disciplina y orden para “desenvolver la personalidad social del condenado”.
Educación, trabajo, disciplina y orden continuaban siendo, al igual que a fines del siglo XIX, los pilares que regían las instituciones carcelarias, que tuvieron así espacios para la educación, el trabajo, bibliotecas y enfermerías.
En noviembre de 1946, quien había sido Jefe de Alcaldía en la cárcel de Ushuaia, Roberto Pettinato, es designado Director de la Penitenciaría Nacional y al año siguiente asume la Dirección General de Institutos Penales. Como cabeza de la DGIP, Pettinato realizó una singular reforma que implicó enormes mejoras tanto para los penados como para los funcionarios penitenciarios.
Las medidas vinculadas a los reclusos incluyeron: alimentación adecuada a las condiciones geográficas y climáticas; construcción de hospitales y consultorios penitenciarios; visitas íntimas para fortalecer los vínculos familiares; construcción e instalación de campos deportivos como natatorios olímpicos y canchas de fútbol para torneos intrapenitenciarios; una Escuela Industrial Penitenciaria para la enseñanza de artes y oficios; talleres de mecánica dental, carpintería, zapatería, panadería, imprenta, granja; aumento del peculio de 20 centavos a 1 peso diario; incorporación del aguinaldo e indemnización por accidentes de trabajo. En el ámbito cultural se instalaron bibliotecas, y se comenzó la edición del periódico Mañana.
Hitos de su gestión fueron el cierre del presidio de Ushuaia -“la Siberia criolla”- y la eliminación del traje a rayas, los grilletes para traslados y el corte de pelo al ras.
La Dirección de Asistencia Social enfatizó la esfera de la experiencia post-carcelaria de los presos, contactando a los futuros “egresados” antes de finalizar la condena, facilitándoles el acceso a documentación y apoyando su reinserción social.
La reforma vinculada a los funcionarios penitenciarios incluyó aumentos salariales equiparados a los de la Policía Federal; creación del Estatuto Penitenciario; construcción de barrios y viviendas cercanas a las cárceles para sus empleados; jubilaciones, pensiones y retiros a partir de los 45 años, tras 25 de servicio, percibiendo el total de sus haberes; obra social; nuevos uniformes. En paralelo, la DGIP fundó la Escuela Penitenciaria para capacitar y perfeccionar al personal, dejando atrás la doctrina militar.
Roberto Pettinato estableció una estrecha relación con varios países de Sudamérica a través de viajes de estudio, asesoramiento penitenciario, participación en reuniones científicas y publicaciones académicas. Tras el golpe militar de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” forzó a Pettinato a asilarse en la embajada de Ecuador y posteriormente partir hacia el exilio.
Desde 1956 expertos en cuestiones penales, criminológicas y carcelarias incluyeron modificaciones a la ley 11.833 para dar respuesta a una necesidad añeja: contar con una legislación aplicable en todo el país, unificando el régimen penitenciario y complementando el Código Penal.
La legislación abarcó los principales aspectos del tratamiento carcelario y continuó con la idea de progresividad del régimen por etapas. Mantuvo también criterios de clasificación acerca de la peligrosidad y posibilidades de readaptación de las personas encarceladas. La ley tuvo presente los debates a nivel internacional, considerando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas en Ginebra en 1955, por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
Entrevistas
Poblaciones penales: delitos y perfiles, por Lila Caimari
Cómo se establecen las grandes estructuras y características de la población penal. Cuáles son sus destinos y qué problemas plantean los tratamientos y las respuestas sobre la experiencia punitiva. La cárcel como laboratorio y la cárcel como fábrica. Lo que sucede puertas adentro y permanece invisible desde afuera.
Lila Caimari es historiadora. Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de París) e investigadora independiente del Conicet. Es directora del grupo Crimen y Sociedad (UdeSA). Publicó Apenas un delincuente (2004), La ciudad y el crimen (2009) y Mientras la ciudad duerme (2012). Sus trabajos abordan la cuestión criminal y la historia social y cultural de la Argentina moderna. Actualmente investiga sobre tecnología y circulación de noticias.
Las nociones de castigo, por Diego Luna
La complejización social y la consolidación de los Estados fueron transformando las formas de administración del castigo, las concepciones sobre el mismo y la relación entre el encierro, la sanción punitiva y lo considerado delictivo.
Diego Luna (1979) es abogado, con estudios de especialización en Magistratura (UNLaM) y en Derecho Penal (UNLP -U. Salamanca). En el presente es doctorando en Derecho (UBA). Profesor de grado y posgrado en Derecho Penal, Criminología y Filosofía del Derecho (UBA). Se desempeña como funcionario del Poder Judicial de la CABA.
Página web
https://uba.academia.edu/DiegoLuna
El penitenciarismo argentino, por Jorge Núñez
Un repaso por las figuras más relevantes en la historia de la gestión penitenciaria nacional: Antonio Ballvé, Juan José O’ Connor, José María Paz Anchorena, Juan Carlos García Basalo, Roberto Pettinato. Sus inicios, desarrollos y contrastes. La gran reforma penitenciaria.
Jorge Núñez (1975) es historiador, investigador del CONICET y docente de Historia Social Argentina (UBA). Actualmente investiga la reforma penitenciaria del peronismo clásico. Es codirector de la Revista de Historia de las Prisiones y de la Colección Criminología Argentina. Realiza actividades de difusión del conocimiento histórico en medios televisivos, gráficos y radiales.
Prensa y difusión carcelarias, por Jeremías Silva
La Revista Penal y Penitenciaria y el rol central que tuvo como órgano oficial de difusión de los debates y las perspectivas del mundo penitenciario y criminológico. La fotografía: estrella mediática para la comunicación de las políticas justicialistas de la gestión de Roberto Pettinato.
Jeremías Silva (1984) es Doctor en Ciencias Sociales (IDES-UNGS) e investigador del Área de Historia del Instituto de Ciencias de la UNGS. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Realizó investigaciones en el Instituto de Historia del CSIC (Madrid) y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Sus estudios se centran en las políticas carcelarias del peronismo clásico y la reforma penitenciaria en Argentina y Chile de mitad del siglo xx.