De acuerdo a lo previsto en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos que enfrentan en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). A partir de este análisis integral de la situación, los Estados deben definir e implementar las políticas públicas que permitan mitigar efectivamente los riesgos identificados. Asimismo, estas políticas deben ser definidas a escala nacional, tomar en cuenta los riesgos identificados y ser revisadas periódicamente, y debe existir una autoridad o mecanismo de coordinación que sea responsable de establecer dichas políticas.
En la República Argentina, el organismo a cargo de generar estas políticas públicas es el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia de la Nación que, por Decreto 360/2016, tiene la misión de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).