Por Ley, a las víctimas de este delito se les debe garantizar:

• Información sobre sus derechos en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez.

• Alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene.

• Capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.

• Asistencia psicológica, médica y jurídica; cuyo acceso sea gratuito y voluntario.

• Que pueda prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.

• La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia y la garantía de su integridad física y psicológica.

• Acceso a la información sobre el estado de los procesos judiciales y ser escuchada en todas las etapas.

• La protección de su identidad e intimidad.

• Poder tramitar documentación que acredite su identidad, para quienes decidan permanecer en el país.

• Que se facilite el retorno a su lugar de origen, si así lo desea.

• En caso de que las víctimas fueran menores de edad, además de estos derechos, se garantizará que se reconozcan sus necesidades especiales en todo momento.