La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presenta el resultado de su investigación sobre los fondos secretos de los servicios de inteligencia de la dictadura. El informe fue realizado por el equipo de investigadores e investigadoras de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos y pretende contribuir con el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades penales en las causas judiciales vinculadas con los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado

El documento que se presenta en esta oportunidad resulta fundamental para entender cómo operaba el sistema de fondos secretos utilizados para hacer funcionar la maquinaria de inteligencia, que fue el cerebro de la dictadura. La pesquisa logró dar cuenta de un mecanismo formal por el cual la dictadura destinó fondos reservados al Batallón de Inteligencia 601 y a Destacamentos de Inteligencia del país, y del sistema que implementó para fiscalizarlos, con inspecciones periódicas de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército.

El informe se suma a otras 135 investigaciones realizadas por el ex Programa Verdad y Justicia, creado por Néstor Kirchner en 2007 para dar apoyo y seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país, en el marco de la segunda desaparición de Jorge Julio López. La mayoría de estas investigaciones se centró en el rol de la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado: el Batallón de Inteligencia 601, su Central de Reunión y sus Grupos de Tareas y cada uno de los Destacamentos de Inteligencia (y sus Secciones) en las distintas zonas militares que dividían el país entre 1975 y 1983. Todos los informes fueron entregados a la justicia federal para contribuir en la investigación de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Los aportes de los informes a los juicios han probado ser esenciales para el avance de los procesos penales. En 2022 hubo sentencias condenatorias en la Mega Causa Campo de Mayo, en la causa conocida como “Vuelos de la muerte” y en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, por citar algunos ejemplos recientes. En todos ellos los informes aportados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación resultaron claves para explicar el funcionamiento del aparato represivo y construir el camino hacia la atribución de responsabilidades penales de los imputados.

El impulso de los juicios de lesa humanidad es una política de Estado. Por ello, desde la Secretaría de Derechos Humanos seguiremos reforzando el trabajo de investigación especializada, como parte del Plan Estratégico para el Avance del proceso de justicia por los crímenes de Lesa Humanidad.

Los juicios no pueden esperar, las víctimas tampoco.