A través de esta publicación, se propone abordar un fenómeno que actualmente funciona como un escollo en la democracia argentina y en la región: el lawfare o guerra jurídica.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se viene trabajando esta problemática en tanto su funcionamiento perjudica el normal desarrollo de las instituciones democráticas, ya que condiciona fuertemente los procesos electorales y las agendas políticas, económicas y sociales, especialmente cuando ataca proyectos que buscan ampliar derechos para los sectores más postergados de la sociedad. De este modo, el lawfare interfiere en una de las herramientas más importantes que tiene cada habitante de nuestro país, que es el voto.

Se ha insistido, por lo tanto, en el carácter violatorio de derechos fundamentales de las prácticas de lawfare, perpetradas por sectores del Poder Judicial en conjunto con actores económicos de peso, especialmente los grupos hegemónicos de comunicación y miembros de partidos políticos opositores. Se han señalado también los efectos de estas lógicas, que se extienden más allá de las personas directamente afectadas para proyectarse en el conjunto de la sociedad.

Este cuadernillo brinda una síntesis de los principales nudos conceptuales e históricos del lawfare, y toma como estudios de caso algunas causas sostenidas contra referentes políticos y sociales en Argentina, que sirven para ejemplificar no solamente las dinámicas del fenómeno (con los patrones y también las singularidades que se advierten en nuestro país), sino también sus palpables consecuencias. A 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, en un contexto donde los discursos de odio se consolidan, amparados por la falta de sanción gracias a la libertad que da nuestro sistema democrático, resulta clave prevenir y contrarrestar este tipo de mecanismos. Es por eso que se espera que estas páginas no solamente contribuyan al conocimiento y la difusión del problema, sino que además aporten a un debate contundente, que permita detectar estas estrategias distorsionadoras del Estado de derecho, fortalecer los diálogos y la participación ciudadana lo más amplia posible.