El terrorismo de Estado ha tenido un fuerte impacto en nuestra sociedad que persiste hasta el día de hoy. En las relaciones del conjunto de la comunidad han quedado profundas marcas originadas en ese período tan terrible, no sólo por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino tambien por la falta de respuestas hacia las y los familiares de las víctimas durante mucho tiempo, incluso en democracia, donde por muchos años la impunidad negó esa reparación que necesitaba nuestra sociedad. Con sus avances
y retrocesos, los juicios por crímenes de lesa humanidad han generado efectos de reparación colectiva de esas heridas, aportando a la construcción de una memoria que no sólo implica recordar el pasado, sino fundamentalmente apostar a un futuro donde la repetición de esos hechos no tenga lugar.

Desde el comienzo de este camino, los profesionales del campo de la salud mental tuvieron un rol fundamental y destacado, en primer lugar porque fueron atacados por esa dictadura militar al acompañar a las víctimas directas y sus familiares en momentos de dolores insoportables, pero también por su aporte en el recorrido de transformación del sufrimiento individual en la lucha colectiva una vez recuperada la democracia. Desde las organizaciones de la sociedad civil y la labor de profesionales comprometidos con el país y con sus habitantes, a la altura de lo que la historia demandaba, la solidez y constancia de ese acompañamiento fue fundando un nuevo campo de intervenciones y experiencias acumuladas que se han ido transmitiendo a nuevas generaciones de jóvenes que continúan ese camino. El Estado, una vez más, se ha nutrido de esos avances de nuestro pueblo y ha tomado a su cargo también buena parte de esas acciones tan imprescindibles. No sólo con la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de Estado “Dr. Fernando Ulloa” en 2011, sino también con la apuesta a la construcción de equipos y programas a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Pero la relación entre derechos humanos y salud mental no termina ahí, sino que ha abierto nuevos debates y nuevas batallas contra otra formas de violencias estatales que persisten aún en democracia: la violación de derechos humanos en el sistema manicomial de salud mental y el acompañamiento a las víctimas de violencia institucional. En ese marco, convencidos de que la lucha contra las dictaduras necesariamente implica la lucha contra toda forma de violencia estatal, y que la democracia es el piso irrenunciable desde donde es posible lograr un sistema de salud mental respetuoso de los derechos humanos, ese enorme y potente colectivo ha logrado a través de la participación y el activismo una gran conquista de nuestros tiempos: la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Este cuadernillo se enmarca en este largo camino, acercando una selección de textos que abordan tanto el acompañamiento a víctimas y familiares del terrorismo de Estado y la violencia institucional como la implementación de la Ley de Salud Mental, incluyendo también algunos desafíos pendientes que permitan una transformación profunda del sistema de salud mental. La agenda de los derechos humanos en materia de salud mental es amplia y nuestro compromiso, desde la función pública y desde la militancia, es acompañar a quienes día a día trabajan para garantizar los avances en ese campo. En momentos en que los discursos de odio, autoritarios e insolidarios intentan canalizar la desesperanza de nuestros y nuestras compatriotas, volvemos a apelar a la memoria y a la construcción colectiva porque verificamos que, más allá de tantas necesidades no satisfechas y todo lo que aún nos falta por hacer, los avances sólo han sido posibles cuando trabajamos juntos partiendo de las premisas de que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que siempre la Patria es el Otro.