En ocasión de cumplirse 50 años de la Masacre de Trelew, la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa se propuso relevar y poner a consulta las “Actas de la Junta de Comandantes en Jefe en Función de Gobierno 1971 - 1973”, que fueron desclasificadas mediante el decreto presidencial N° 524/2022. Se trata de 105 documentos que fueron encontrados en 2018 en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina y que habían sido producidos por la Junta de Comandantes en Jefe con la clasificación de “Secreto".

Las actas abarcan el período comprendido entre el 23 de marzo de 1971 y el 8 de mayo de 1973. Su contenido permite apreciar el funcionamiento de la Junta de Comandantes que gobernó el país entre 1971 y 1973, durante la dictadura cívico militar autoproclamada “Revolución Argentina”, bajo la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Se explicitan sus temas de interés y preocupación, sus discusiones y/ o precisiones acerca de acciones y medidas adoptadas. A la vez, las actas dan cuenta de que ciertos temas no se trataban en el marco de esas reuniones o que, al menos, se decidía no registrarlos o hacerlo en otro ámbito. Tal es el caso de las dos actas en las que se mencionan los “sucesos de Trelew”.

La llamada Masacre de Trelew es la denominación con que se conocen los hechos de violencia ocurridos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 cuando 16 miembros de organizaciones políticas armadas fugados del penal de Rawson y detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron fusilados. En el acta N° 31 con fecha del mismo día de los homicidios, la Junta de Comandantes detalla las “medidas a adoptar a raíz de los hechos producidos en Rawson y Trelew y con relación a la subversión y el terrorismo.” Las decisiones comprenden desde “el control estricto de los medios de comunicación masiva”, hasta la orden de “detener y poner a disposición del PEN a aquellas personas que incurran en los delitos y faltas previstos en el Código Penal en relación a la subversión y al terrorismo” y “negociar con el gobierno español un nuevo status para la permanencia en España de Juan Domingo Perón, aplicar después del 25 de agosto de 1972.”

El valor histórico y documental de las actas es muy significativo por tratarse de un material que permite contribuir con el conocimiento de un período clave y no siempre tan estudiado de la historia reciente argentina. A la vez, son un insumo valioso para el análisis de los hechos histórico políticos posteriores a 1976, a partir de la instauración del régimen de terrorismo de Estado en Argentina, ya que resultan un precedente claro del horror que la represión ilegal a cargo de la Junta Militar desataría durante la última dictadura.