Nuestro foco apunta a la prevención de la corrupción y a la promoción de una cultura de la integridad, con una posición pro-activa que fomente cambios reales y permanentes en las conductas, no solo al interior de la administración pública, sino también en las múltiples interacciones con el sector privado y la ciudadanía. Este abordaje se encuentra en consonancia con recomendaciones de organismos internacionales y comunidades de políticas.

Para ello, buscamos transversalizar la transparencia en todos los espacios en los que se tomen decisiones, se implementen políticas y se gestionen recursos. No se trata de unificar recomendaciones o ¨bajar¨ políticas. Transversalizar implica un tejido de construcciones y coordinaciones que permitan escuchar las realidades de cada uno de los organismos y jurisdicciones, contemplando además, desde una perspectiva federal, la diversidad de escenarios que componen los estados provinciales y los municipios de nuestro país y que, generalmente, pueden requerir políticas específicas.

Este enfoque preventivo se encuentra asociado con una mirada específica sobre la corrupción, entendida como un fenómeno multidimensional, sistémico y complejo, históricamente situado, que no encuentra homogeneidad en sus manifestaciones más elementales ni puede ser unívocamente interpretado. Por ello, lo que se entiende por corrupción y el modo de combatirla y mitigar sus efectos son cuestiones eminentemente políticas.

Creemos, en tal sentido, que el fortalecimiento del Estado y sus capacidades resultan aspectos medulares en una agenda anticorrupción más amplia, que incorpore como problemáticas la influencia indebida, ilegítima y/o ilegal que ejerce el poder económico sobre el poder político. Del mismo modo, la construcción de una cultura de la integridad tiene que estar vinculada con la tarea de mejorar la calidad de nuestra democracia mediante una genuina participación ciudadana, y con la agenda de derechos humanos, en el entendimiento de que la corrupción vulnera derechos, especialmente a los grupos más vulnerables y es, por ende, dinamizadora de la injusticia social. En definitiva, la transparencia y la integridad no son problemas de índole moral, sino que tienen una indudable carga política.