Los bienes biológicos de la Tierra son vitales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Sin embargo, las especies y los ecosistemas están hoy severamente amenazados a causa de un desarrollo incompatible con la sostenibilidad ecológica.

Como resultado, existe un creciente reconocimiento de que la diversidad biológica es un bien global de enorme valor para las generaciones presentes y futuras y que debe ser conservado.

En respuesta a esta problemática, el 5 de junio de 1992 la comunidad internacional aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB por sus siglas en inglés) en Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como “Cumbre de la Tierra”.

El CDB es un tratado internacional jurídicamente vinculante que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Actualmente cuenta con 193 Estados que lo ratificaron (Partes) y su órgano rector es la Conferencia de las Partes (COP) que se reúne cada dos años (o según sea necesario) para examinar los progresos en la aplicación del Convenio, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo.

La República Argentina ratificó el CDB mediante la Ley 24.375, sancionada en septiembre de 1994 y promulgada en octubre de 1994.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica se inspiró en el creciente compromiso de la comunidad mundial con el desarrollo sostenible. Representa un avance sustancial en la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

En diciembre de 2022, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad, en reemplazo del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y Metas de Aichi. Este nuevo marco global establece una visión común hacia 2050 y 23 metas ambiciosas para 2030, con el objetivo de detener y revertir la pérdida de biodiversidad, promover su uso sostenible y garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su conservación.

En este contexto, el Estado argentino actualizó con la colaboración de la CONADIBIO su Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y su Plan de Acción (ENByPA) 2025-2030, con el fin de alinear sus políticas y acciones con los compromisos asumidos a nivel internacional en el marco del nuevo Marco Mundial para la Biodiversidad.