La transparencia es el resultado de organizaciones capaces de hacer visible la gestión de los recursos públicos, las acciones que realizan y los resultados logrados. En este sentido, las políticas de transparencia buscan acercar de forma comprensible y accesible los actos de gobierno a la ciudadanía.

Desde la AAIP partimos de una concepción de transparencia ampliada, que valora la importancia del ejercicio del derecho al acceso a la información pública como un derecho humano fundamental que, a su vez, habilita el ejercicio de otros derechos fundamentales tanto económicos, políticos, sociales y culturales.

Al mismo tiempo, este enfoque implica el desafío de que las organizaciones incorporen la transparencia como una dimensión transversal a todo el ciclo que atraviesa la producción de políticas públicas: desde la etapa de diseño, la implementación hasta el seguimiento y la evaluación. Esto es relevante para asegurar la continuidad, la trazabilidad, la calidad y la accesibilidad a la información como parte del contrato social ciudadano para profundizar el ejercicio de la democracia.

Hasta ahora, se han desarrollado dos categorías dentro de la transparencia: la activa y la pasiva. La primera, remite a la información que los organismos están obligados a disponibilizar según lo indica el Artículo 32 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La segunda, tiene que ver con las respuestas que dan los organismos a partir de un requerimiento formal que pueda hacer una persona física o jurídica.

Desde la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia bregamos por una tercera categoría en donde los organismos tengan la iniciativa para difundir y publicar información clara sobre los bienes, servicios, regulaciones y prestaciones dinerarias que brinda el Estado, para fomentar el diálogo y la participación social en los procesos de producción de políticas públicas.

Nuestra estrategia

La política de transparencia de un Estado presente no debe quedarse en la rendición de cuentas, sino incorporar la voz ciudadana a partir de dispositivos participativos y de apertura de información que retroalimenten el proceso de producción de políticas públicas para mejorar el acceso a derechos. Es por ello que proponemos un modelo con cuatro dimensiones que interactúan entre sí para garantizar los mayores estándares de transparencia posibles:

• Dimensión estratégica: Refiere a explicitar de manera clara para la ciudadanía la propuesta de creación de valor público del organismo, es decir, su propósito o razón de ser y las líneas de acción.
• Dimensión operacional: Refiere a informar los insumos y procesos que se llevan adelante para lograr productos que contribuyan a la satisfacción de derechos.
• Dimensión participativa: Refiere a la necesidad de generar instancias de interacción con la ciudadanía a través de dispositivos participativos, no sólo con el fin de informar sino, principalmente, de incorporar sus perspectivas para mejorar la producción de políticas.
• Dimensión accesibilidad: Refiere a aquellas estrategias que tienen como objetivo reducir las barreras de acceso a la información.